Criminalización de la protesta social
El Consejo Directivo
Provincial de la Federación de Sindicatos de Obreros y Empleados Municipales de
Santa Cruz repudia enérgicamente el
accionar de la justicia ante el procesamiento del compañero secretario general
del SOEM Rio Gallegos, Pedro Mansilla. Sostenemos
la protesta social como una herramienta básica y fundamental de todos los
trabajadores para conquistar y defender nuestros derechos. Entendemos que, más que una resolución judicial, sería una clara
decisión política e ideológica. Sabemos
a quienes responden y porqué, conocemos que
la legitimidad de los poderes democráticos del Estado desde hace un tiempo
viene siendo vapuleada por sectas dogmáticas que nada entienden de la realidad
del trabajador, allí donde los malos políticos acunan su mejor herramienta: la
anti política, para generar mecanismos de sometimiento a la clase obrera para
que sus intereses y patrimonio crezcan vergonzosamente en contra de los
intereses de los trabajadores.
Agradecemos a todos los
compañeros que sostuvieron la protesta durante el 2011 y 2013 por la defensa de
nuestros derechos; a los vecinos, que manifestaron su solidaridad y hacemos un
llamamiento a todos los trabajadores en general, de educación, de cultura,
estatales, privados a estar atentos, profundizar la actividad sindical
necesaria para evitar que en nuestra Santa Cruz se vuelva costumbre
judicializar y criminalizar la protesta social.
Consejo Directivo Provincial.-
Bloque
Patagónico
Centro
de Promoción Sindical-Federación de Sindicatos de Obreros y Empleados
Municipales de Santa Cruz, Argentina.-
Informe sobre
Criminalización de la protesta/ SOEM Rio Gallegos- conflicto salarial 2011/2013.
Entre el periodo 2011- 2014 hechos
puntuales llevan a los trabajadores santacruceños a organizarse para defender
las conquistas y reivindicaciones. Durante este lapso de tiempo se produce una
de las mas brutales represiones a los trabajadores municipales, siendo el 29 de
Diciembre 2011 un golpe bajo a los derechos humanos, donde el estado pretende
quitar derechos adquiridos de miles de trabajadores de la provincia,
disfrazando un proyecto de ley en un supuesto proceso de armonización de los
aportes previsionales que derivó en una
reacción de unidad de miles de trabajadores santacruceños. Estos
acontecimientos marcan el comienzo de
una avanzada contra los trabajadores municipales de Rio Gallegos que estuvieron
en la primera línea de defensa. Partiendo de esos hechos comienza un oscuro
proceso para criminalizar la protesta social.
Pedro Mansilla, secretario General
del SOEM Rio Gallegos, provincia de Santa Cruz, Argentina, principal implicado
en el ejercicio y en la avanzada del Gobierno para criminalizar la protesta
social ha sostenido que: “Los derechos humanos de los trabajadores
municipales se han visto muchas veces vulnerados, sin la aplicación y el
entendimiento de políticas públicas de las que tanto hablan los políticos y por
la desidia e inoperancia de los mismos. El entendimiento y la superación de una
sociedad para garantizar la paz social deben ser organizadas a partir de las reivindicaciones
y conquistas de los trabajadores históricamente relacionadas, absorbiendo y
construyendo valores, aprendiendo de los errores y reconociéndonos.”
El Gobierno comunal y funcionarios municipales
inician cuatro causas penales que recaen sobre el secretario general del SOEM
Rio Gallegos, Pedro Mansilla en el marco de la defensa irrestricta de los derechos
de los trabajadores, el 19 de abril 2013 se inicia la Causa 53.803/13 por daños
contra la propiedad publica todo ello en el marco de una movilización donde
compañeros trabajadores se suman a la protesta, también durante el transcurso
de este año, en el marco del conflicto salarial, tres nuevas causas penales se
abren, una presunta privación ilegitima de la libertad a
concejales y toma de rehenes (siendo el recinto legislativo parte de la comunidad que
representa a todos los actores, incluso a los trabajadores municipales) que no
encuentran eco de sus reclamos, reclamo mas que justo, el derecho a la
asignación familiar.
Sin la aplicación de
Políticas Publicas Municipales de Comunicación en el ámbito de la localidad de
Rio Gallegos, no solo la criminalización de la protesta social toma dimensiones
nocivas contra los trabajadores municipales perjudicando la imagen, el avance del aparato propagandístico del
Estado, abre la puerta a la condena
social, por ello desde la organización sindical elaboran un diseño estratégico
para: pensar en Políticas Públicas
Municipales de comunicación para los trabajadores y la comunidad (PPMC) y en la
estructura del sistema de medios en relación con el Municipio, con el
objeto de investigar en comunicación y
cultura, superando ciertos paradigmas,
en la dirección del aprovechamiento social y real de la información de gestión
político institucional en beneficio del desarrollo territorial de los
trabajadores y su tarea diaria, y la diversidad de comunicar, centrándonos en
un único sistema de información sobre la base de los derechos humanos, cuya
estructura sea parte de la idiosincrasia de los trabajadores para superar la
relación del Estado como regulador del sistema de comunicación y de una
herramienta política partidaria ideológica, que en cierto grado mediatiza, y
“presiona” y muy lejos está de una política comunicacional a favor del conjunto
de la sociedad y de los trabajadores. Resulta
imprescindible analizar la dimensión comunicacional de los sindicatos, donde
los mismos deben garantizar la democracia comunicativa, porque donde no se
generan políticas públicas comunicacionales, se producen “anti políticas
públicas de un mercado comunicacional” que atenta al desarrollo propio de la
organización, absorbiendo inevitablemente del sistema de medios y de su
relación intrínseca con el poder político de turno, los conflictos de fondo que
no soluciona el poder político derivando en los gremios, las soluciones de
coyuntura.
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